La Comisión Permanente del Congreso archivó las denuncias constitucionales presentadas contra la presidenta Dina Boluarte y exministros de Estado por las muertes ocurridas durante las violentas protestas sociales en diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima
“No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones. Se ha determinado que, en mérito a las pruebas aportadas y presentadas, no existen elementos de convicción suficientes que configuren en los tipos penales de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves”, enfatizó la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.
La denuncia, formulada por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena, acusaba a la jefa del Estado de incurrir en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos.
