
El Gobierno promulgó una polémica reforma que permitirá juzgar como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, como homicidio, violación sexual, sicariato o extorsión. El Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS, publicado el 5 de noviembre, modifica el Reglamento del Código de Ejecución Penal y amplía la responsabilidad penal juvenil, bajo el argumento de reforzar la seguridad ciudadana.
El Ejecutivo sostiene que los jóvenes procesados bajo este nuevo régimen recibirán un “tratamiento penitenciario especializado” y serán evaluados según su perfil social y psicológico. Sin embargo, organismos como UNICEF, UNFPA y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertaron que esta medida podría ser contraproducente: exponer a los adolescentes al sistema carcelario común aumenta su vulnerabilidad y los aleja de la rehabilitación.
Para el abogado penalista Mario Amoretti, la norma representa “un retroceso legal y social”. Recordó que políticas similares ya fueron implementadas durante el régimen de Fujimori y posteriormente corregidas por su ineficacia. “El problema no son los menores, sino los adultos que los utilizan para delinquir. En lugar de sancionarlos, el Estado opta por lo más fácil: encarcelar adolescentes”, advirtió.


