
A punto de cumplir nueve meses de prisión, el expresidente Ollanta Humala Tasso se pronunció a través de redes sociales para solicitar su inmediata liberación. En un mensaje transmitido por teléfono, Humala cuestionó la justificación de su detención luego del reciente archivo del caso Cocteles, por lavado de activos, contra Keiko Fujimori, señalando que ambos procesos se basaban en hechos que la justicia ha determinado que no constituyen delito.
Humala Tasso señaló la existencia de una contradicción en el sistema judicial, recordando que el Poder Judicial ya sobreseyó definitivamente el caso relacionado con los aportes de campaña a favor de la líder de Fuerza Popular.
«El 15 de enero cumpliré nueve meses en prisión por un hecho que hoy el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han señalado que no es delito. ¿Por qué estoy detenido si no cometimos ningún delito?», cuestionó el exmandatario.
Además, calificó su sentencia como “prevaricadora” y denunció que su familia ha tenido que exiliarse tras diez años de lo que considera persecución judicial.
«Exijo mi libertad, igualdad ante la ley y el cese del acoso judicial en mi contra y contra mi familia por ser nacionalistas», añadió Humala.
El abogado penalista César Nakazaki señaló que el caso del Partido Nacionalista debería cerrarse de manera inmediata, dado que tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han establecido precedentes que indican que las donaciones electorales, especialmente las de 2006 y 2011, no constituyen lavado de activos.
«Hoy es imperativo que el caso de Ollanta Humala concluya. Se convierte en un detenido arbitrario porque permanece en prisión por hechos que el Tribunal Constitucional ha señalado que no son delito», afirmó Nakazaki en entrevista con Canal N. El especialista añadió que la fiscalía cometió un error estratégico al no diferenciar entre sobornos, que sí constituyen delito, y donaciones electorales.
Para Nakazaki, este escenario marca el fin de una tesis fiscal que buscó criminalizar el financiamiento de partidos políticos durante años. «Lo que no se podrá recomponer es la destrucción del sistema de partidos debido a una persecución fiscal por hechos que no eran delitos», concluyó.


