
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997. El tribunal determinó que se vulneraron derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud y el acceso a información adecuada antes de someterse a un procedimiento médico.
Ramos, de 34 años y madre de tres hijas, fue sometida el 3 de julio de 1997 a una ligadura de trompas en un establecimiento de salud en Piura. Según la sentencia, la intervención se realizó sin condiciones médicas adecuadas y en un contexto de presión para aceptar el procedimiento.
Durante la operación, la mujer sufrió una fuerte reacción alérgica que agravó su estado de salud. Posteriormente fue trasladada a otro hospital, pero tras varios días de complicaciones falleció el 22 de julio de ese mismo año. La Corte también concluyó que el Estado no investigó el caso con la debida rapidez durante años.
El tribunal indicó que este hecho ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuando se aplicaba el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en el que se realizaron miles de esterilizaciones en el país. La Corte señaló que el caso no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un contexto en el que se promovieron intervenciones quirúrgicas de manera masiva.


