
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) quedó en el centro de la polémica luego de que la Contraloría General de la República detectara una serie de presuntas irregularidades que podrían configurar actos de corrupción dentro de la institución, comprometiendo a 10 funcionarios y servidores públicos.
El organismo electoral mediante comunicado oficial, confirmó que ya recibió oficialmente el Informe de Control 8536-2026-CG/JUSPE-SCE de la Contraloría General de la República el pasado lunes 25 de mayo. El documento, que consta de 6,578 páginas distribuidas en 14 tomos, que advierte presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 10 funcionarios por irregularidades en la contratación del servicio de transporte y distribución de material electoral para Lima y Callao durante las Elecciones Generales 2026.
Como respuesta inmediata, la ONPE informó que dispuso que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios solicite a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el informe de control el deslinde de sus presuntas responsabilidades.

Informe de control
Según la Contraloría, los funcionarios observados habrían elaborado términos de referencia inexactos para la contratación del servicio de transporte, afectando la correcta determinación del número de vehículos requeridos para el proceso electoral.
Asimismo, el informe advierte presuntas irregularidades en la evaluación otorgada a la empresa Gálaga S.A.C., que terminó beneficiada con una adjudicación superior a los 6 millones de soles tras recibir un puntaje que, según la fiscalización, no le correspondía. Además, se señala un presunto favorecimiento injustificado, debido a que la empresa habría brindado vehículos de terceros.
Uno de los hallazgos más graves refiere que no se adoptaron medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de metas institucionales, lo que habría ocasionado que más de 55 mil electores no pudieran ejercer su derecho al voto.
La Contraloría también observó que funcionarios de la ONPE tramitaron y aprobaron prestaciones adicionales al contrato sin sustento técnico suficiente, justificando incrementos de última hora en la cantidad de vehículos requeridos.
Frente a estos hechos, el ente de control recomendó que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inicie las acciones penales correspondientes contra los presuntos responsables.


