El exalcalde de Moche y Trujillo, Arturo Fernández Bazán, figura como “inhábil” en el Colegio Médico del Perú, según el registro público de la institución, situación que cuestiona su condición para el ejercicio activo de la profesión médica, en su caso como ginecólogo. A ello se suma la ausencia de información clara sobre una actividad laboral formal actual, en medio de un escenario de incertidumbre sobre sus ingresos.
En paralelo, Fernández atraviesa dificultades para acceder al sistema financiero. El propio exburgomaestre señaló en transmisiones en redes sociales que entidades bancarias le han negado préstamos debido a una investigación por presunto lavado de activos que enfrenta, lo que complica su capacidad para asumir obligaciones económicas, entre ellas el pago de una reparación civil de 50 mil soles que le pide el magistrado Víctor Burgos Mariños.
“El banco no me da ni un préstamo… el banco me ha negado el préstamo porque tengo una denuncia por lavado de activos”, manifestó en una de sus emisiones en vivo, donde también atribuyó su situación a decisiones judiciales y cuestionó el sistema, en medio de un discurso crítico hacia las autoridades.
El caso fiscal se remonta a transferencias económicas realizadas en 2007, hechos que fueron puestos bajo la lupa de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Santa, en Áncash. Según sus propias declaraciones, esta investigación habría generado consecuencias directas en su historial crediticio y acceso a financiamiento, limitando sus posibilidades económicas.
En el plano político, su figura también evidencia un progresivo debilitamiento de respaldo. Durante sus transmisiones en vivo, usuarios que antes lo seguían han expresado distancia y críticas, mientras que parte de su antigua base política habría migrado hacia el entorno de su hermana, Rosario Fernández Bazán, lo que evidencia una fragmentación de su capital político y pérdida de influencia pública.
