
Frente a una alarmante ola de crímenes y asesinatos, el 59% de los peruanos considera que el próximo gobierno de Keiko Fujimori debe priorizar la inseguridad ciudadana. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), esta demanda supera con amplia ventaja a otros sectores clave como la educación (30%) y la salud (28%), consolidándose como el principal reclamo a nivel nacional de cara al cambio de mando del 28 de julio.
La urgencia social está respaldada por un panorama violento en el país, que cerró el primer semestre con más de 950 homicidios reportados en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). El descontento y la presión hacia el Ejecutivo entrante se concentran con mayor fuerza en Lima Metropolitana, donde la exigencia de combatir la delincuencia alcanza al 71% de los encuestados, el porcentaje más alto de todas las macrozonas analizadas.
Mientras la ciudadanía exige acciones inmediatas desde el primer día de gestión, las estadísticas oficiales sobre criminalidad han entrado a debate. Diversos analistas de datos cuestionan el reporte de la Policía Nacional que asegura una reducción del 25% en los homicidios, advirtiendo que este descenso podría deberse a modificaciones en la clasificación de los delitos y no a una mejora real en las calles.


