Un beneficio hasta hoy desconocido para la opinión pública ha puesto nuevamente al descubierto los privilegios económicos dentro del Parlamento. Se ha revelado que los congresistas gozan de un cuantioso subsidio estatal depositado directamente a su favor en caso del fallecimiento de sus padres, cónyuges o hijos. Lo más cuestionable del caso es que, cuando ocurre el deceso, los legisladores ya disponen de una póliza con la aseguradora Rímac que les otorga hasta S/ 14 000 para cubrir íntegramente un «servicio de sepelio premium». Sin embargo, aparte de ese monto privado, cobran de las arcas del Estado un adicional de más de S/ 30 000 (que puede llegar a S/ 62 400 si cobran ambos conceptos) como un desembolso personalísimo; en la práctica, una suerte de bono estatal para «quitarse la tristeza» tras su pérdida.
Desde su reglamentación interna en el año 2009, este subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio ha significado una fuerte carga para el presupuesto anual del Congreso de la República. Solo durante el último quinquenio, 13 parlamentarios se vieron beneficiados por esta figura, generando un desembolso total de S/ 655 200 de dinero público. Entre los legisladores que accedieron al monto máximo de S/ 62 400 figuran Guido Bellido (en 2022) y la reelecta Patricia Juárez. Por su parte, las excongresistas Roselli Amurúz y Gladys Echaíz cobraron S/ 31 200 cada una, ya que solicitaron únicamente el concepto por fallecimiento y no el de sepelio.
Esta figura de «doble beneficio» ante una tragedia familiar ha generado inmediatas y severas críticas desde la sociedad civil. Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, fue enfático al señalar que los representantes de la patria deberían ser apartados de esta bonificación estatal que se ampara en el decreto legislativo 276. “Si ya recibes gastos por sepelio por otra vía, no tiene sentido que recibas también por este subsidio, tendría que excluirse”, sentenció.
