La designación de Milagros Maraví Sumar como nueva presidenta ejecutiva de Indecopi ha generado una ola de cuestionamientos debido a su polémico pasado institucional ligado al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El gobierno de Keiko Fujimori oficializó el retorno al aparato estatal de la abogada, quien a finales de la década de 1990 integró la Comisión Especial de Alto Nivel encargada de defender al Estado ante organismos internacionales frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Los registros oficiales revelan que Maraví cobró aproximadamente 270 mil dólares por dichos servicios y que sostuvo reuniones directas con Vladimiro Montesinos en las instalaciones del SIN.
Durante su paso por dicha comisión, Maraví intervino en casos emblemáticos que marcaron el fujimontesinismo. Entre ellos destaca su participación en el proceso por el retiro arbitrario de la nacionalidad al empresario Baruch Ivcher, maniobra que derivó en la toma de Frecuencia Latina, y la preparación de los testimonios que militares del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) brindaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo del 2000. Para figuras políticas como el exlegislador Víctor Andrés García Belaúnde, esta designación resulta una «muy mala señal» y un «despropósito» que reivindica a personajes fuertemente cuestionados de la esfera del montesinismo.
La estrecha relación de la nueva titular de Indecopi con el fujimorismo se consolidó años más tarde, cuando asumió como asesora de justicia en la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. Su historial legal también registra episodios oscuros: enfrentó una investigación de la Fiscalía con un pedido inicial de más de 22 años de prisión por su presunta vinculación en la sustracción de material audiovisual desde el Congreso. Este nombramiento agudiza las críticas hacia el actual Gobierno, sumándose a la reciente incorporación de figuras del núcleo duro fujimorista, como Jaime Yoshiyama, al círculo de asesores del Despacho Presidencial.
