Al menos diez trabajadores y asesores contratados en el Congreso figuran en antiguos planillones utilizados por el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), según una investigación de Cuarto Poder. Los casos se concentran principalmente en despachos de parlamentarios de Juntos por el Perú y comprenden cargos de asesores, técnicos y auxiliares.
Dos de los casos corresponden al despacho del diputado César Tito Rojas: Hilso Cladio Ramos Cosme, asesor principal con una remuneración superior a S/14 mil, y Richard Leandro Tipo Quispe, asesor II con un sueldo mayor a S/11 mil. También fueron identificados trabajadores relacionados con los despachos de José Chipana, Sadith Pérez, Hugo Ccahuana y Alejandro Manay.
Entre los señalados existen distintas versiones. Ángela Del Águila Torres negó haber firmado o mantenido alguna relación con el Movadef, mientras Dick Jefferson Luya Asto aseguró desconocer su aparición en el registro. Los documentos corresponden al proceso mediante el cual la organización buscó reunir adherentes para intentar su inscripción política.
Desde Fuerza Popular, la diputada Cecilia Chacón calificó la información como “gravísima” y pidió revisar los filtros utilizados para contratar personal en el Parlamento. La legisladora señaló además que se debe determinar quiénes aparecen en los documentos y comprobar si existe alguna relación con el Movadef antes de establecer responsabilidades.
Por su parte, el presidente del Senado, Miguel Torres, sostuvo que cada parlamentario debe revisar los antecedentes de las personas que integran sus equipos, debido a que estas contrataciones son responsabilidad de cada legislador. La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado también aparece en el reportaje debido a que uno de los trabajadores identificados se desempeñó como asesor de dicho grupo.
Fuerza Popular también emitió un comunicado en el que rechazó la contratación de personas que, según la bancada, estarían vinculadas al Movadef en despachos de Juntos por el Perú. El grupo parlamentario exigió una investigación inmediata y pidió fortalecer los filtros de contratación del Congreso, al considerar que el caso representa un riesgo para la seguridad del país.
