El expresidente Pedro Castillo ha solicitado formalmente intervenir en una audiencia de la Corte Suprema antes de que se emita un pronunciamiento sobre el recurso de apelación interpuesto contra su condena de 11 años de prisión por el intento de golpe de Estado. A través de sus redes sociales, Castillo argumentó que su apelación permanece estancada desde el 7 de enero de 2026 y denunció que la calificación de la misma, programada para este 23 de setiembre, fue dejada sin efecto por la inhibición de un magistrado. Ante esta nueva paralización, exigió que se le conceda el uso de la palabra el próximo 1 de octubre para ejercer su derecho a la defensa y a ser oído, negando buscar privilegios procesales.
El argumento de la ONU y los recientes reveses judiciales
Para fundamentar su pedido, la defensa del exmandatario, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo, volvió a citar el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, el cual concluyó que no contó con las debidas garantías procesales tras su mensaje a la Nación el 7 de diciembre de 2022.
Sin embargo, este mismo argumento ya fue desestimado en agosto de este año. El Poder Judicial, a través de la jueza constitucional Ana Osorio Sosa, rechazó un recurso de habeas corpus que buscaba anular su condena y vacancia, precisando que la opinión de la ONU no es vinculante ni tiene carácter jurisdiccional en el Estado peruano para modificar fallos nacionales. Asimismo, el juzgado ratificó, amparándose en resoluciones previas del Tribunal Constitucional, que la detención de Castillo no fue arbitraria, ya que la situación de emergencia generada por su intento de quebrar el orden constitucional justificó el levantamiento inmediato de su fuero.
