El ministro del Interior, César Astudillo, fue denunciado constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados por presuntas irregularidades en contrataciones y designaciones dentro de su sector. La denuncia, presentada el 27 de octubre, solicita su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta diez años.
Uno de los principales cuestionamientos involucra a Ricardo Falcao Kanashiro Romero, quien fue contratado nuevamente por el Mininter bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), con una remuneración mensual de S/15.600. El funcionario había renunciado en octubre de 2025 tras cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades en adquisiciones logísticas de la Policía Nacional.
El documento también cuestiona la permanencia de Yosilú Bazán López, secretaria del despacho ministerial, por su presunta vinculación con el ingreso sin registro oficial del exministro Juan José Santiváñez a la sede del Mininter. Asimismo, señala la continuidad de Erick Caso Giraldo, exfuncionario durante la gestión de Santiváñez, como representante ante el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial.
La denuncia atribuye al ministro posibles delitos de negociación incompatible, nombramiento o contratación ilegal y omisión de funciones. Además de solicitar su destitución e inhabilitación, pide que se autorice el inicio de un proceso penal. Sin embargo, las acusaciones deberán ser evaluadas por las instancias correspondientes, pues su presentación no acredita responsabilidad ni significa que hayan sido admitidas a trámite.
