El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, enfrenta una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados por presuntas irregularidades en la designación y permanencia de tres funcionarios públicos. El documento, presentado por Ysidro Apolinar Neyra Gaitán, le atribuye una posible infracción constitucional y solicita evaluar su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta diez años.
Uno de los casos cuestionados corresponde a Darwin Teófilo Eufracio León, designado viceministro de Recursos para la Defensa, quien, según la denuncia, no cumpliría con los requisitos técnicos y de experiencia exigidos para el cargo. El documento también señala sus vínculos políticos con Libertad Popular, agrupación por la que Belaúnde postuló anteriormente a la Presidencia de la República.
La denuncia también comprende a Maritza Johanna Manturano Castro, jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, quien es investigada por la Fiscalía por presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada relacionados con una supuesta red de trabajadores fantasmas en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima). El tercer caso involucra a Beny Vásquez Alegría, cuya permanencia en el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial es cuestionada por presuntamente no reunir la experiencia requerida.
El denunciante solicita que se evalúe el inicio de un procedimiento de acusación constitucional y una eventual causa penal por presunto nombramiento, designación o contratación ilegal de cargos públicos. Asimismo, pide la destitución del ministro y su inhabilitación por hasta diez años. La presentación de la denuncia no demuestra responsabilidad penal ni confirma que las irregularidades hayan sido acreditadas, por lo que corresponderá al Congreso evaluar los hechos.
