Fiscalía de Paraguay ordena detención de presidente destituidos Santiago Peña y otro investigado por presunta lesión de confianza
La disposición fiscal del 6 de noviembre de 2026 también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding. El documento establece que el mandatario deberá cumplir detención domiciliaria hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público.
Una nueva crisis sacude el escenario político de Paraguay. El Ministerio Público ordenó la detención del presidente Santiago Peña Palacios y de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de la causa penal N.º 92/2026, denominada «Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros».
La disposición está contenida en la Resolución Fiscal de Detención N.º 7, emitida el 6 de noviembre de 2026. El pedido fue suscrito por los agentes fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Benítez, integrantes de unidades especializadas en delitos económicos, anticorrupción e informáticos.
De acuerdo con el documento dirigido al comandante de la Policía Nacional, se solicita impartir las instrucciones necesarias para ejecutar ambas órdenes de detención y comunicar inmediatamente los resultados a la Fiscalía.
DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA SANTIAGO PEÑA
Uno de los puntos establecidos en la disposición es que Santiago Peña deberá cumplir detención en su domicilio, hasta que sea puesto a disposición del Ministerio Público, específicamente ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
En el caso de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, la Fiscalía dispone que permanezca detenido en las dependencias policiales que determine la Comandancia.
Asimismo, se establece que ambos investigados deberán ser puestos a disposición de la autoridad competente dentro del plazo legal, respetando sus derechos y garantías.
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA LESIÓN DE CONFIANZA
La orden se enmarca en una investigación penal que involucra a Santiago Peña y otras personas por presuntos hechos relacionados con lesión de confianza y otros delitos.
La disposición fiscal constituye una orden de detención y no representa, por sí misma, una sentencia condenatoria. Tampoco confirma que la medida haya sido ejecutada.
El caso adquiere especial relevancia por la crisis relacionada con Ueno Bank y las colocaciones de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en dicha entidad, controversia que ha generado cuestionamientos y pedidos de investigación.
