El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen que modifica la Ley Nº 2792, Ley Orgánica de Municipalidades, que brinda una serie de definiciones y prerrogativas para los centros poblados de todo el país.
El titular de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Grimaldo Vásquez Tan, sostuvo que la iniciativa responde a las demandas de los centros poblados.
Con esto, las municipalidades de los centros poblados son declaradas como “órganos del gobierno local, encargados de la administración y ejecución de las funciones y los servicios públicos que le son delegados”, afirmó Vásquez Tan.
Dictamen aprobado
El dictamen aprobado consta de tres artículos, tres disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria.
El primer artículo define su objetivo, el segundo modifica los artículos 128, 130, 131 y 133 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Con la modificación de artículo 128, la iniciativa faculta a las municipalidades de los centros poblados a que en la ordenanza de creación se precise sus “atribuciones administrativas y económico-tributarias”.
En el artículo 131 establece que la municipalidad provincial o distrital, según corresponda, “asigna una dieta mensual al alcalde de municipalidad de centro poblado ascendente a la fijada para los regidores distritales”.
En el artículo 133 se les brinda a los centros poblados la facultad de ejecutar intervenciones con los recursos que le brinden los arbitrios recibidos por la prestación efectiva de servicios públicos locales delegados.
En el último párrafo se incluye que “el incumplimiento por parte del alcalde provincial o distrital de la transferencia a la municipalidad de centro poblado de los recursos establecidos en la ordenanza correspondiente es causal de suspensión del alcalde responsable, por un periodo de 60 días naturales y de 120 días en caso de reiteración”.
Opiniones
Tanto la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitieron opinión desfavorable a la presente propuesta legislativa.
La PCM la considera no viable, porque contraviene el artículo 79 de la Constitución sobre las restricciones en el gasto público. El MEF observó que la exposición de motivos no contiene una evaluación presupuestal sobre disponibilidad de créditos para su aplicación.
