La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la jefa del Estado, Dina Boluarte Zegarra, por las muertes durante las protestas violentas de fines del 2022 e inicios del 2023.
Los votos a favor del archivo vinieron de Fuerza Popular y sus bancadas aliadas. La denuncia también responsabilizaba a los exministros Alberto Otárola, Pedro Angulo, César Cervantes y José Tello.
El archivamiento se logró con 11 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. La denuncia había sido presentada por la congresista comunista Ruth Luque, pero la conclusión se refiere que no hay relación directa entre los hechos denunciados y la configuración de infracciones constitucionales.