El Congreso de la República se encuentra en el centro de la polémica luego de que imágenes difundidas por Sol TV mostraran una cámara con código de inventario oficial grabando la presentación de la precandidatura presidencial de Keiko Fujimori en Trujillo. El hallazgo generó una ola de críticas por el posible uso de recursos públicos en actividades partidarias.
A raíz de las imágenes, la Oficialía Mayor del Parlamento emitió un comunicado en el que confirmó la apertura de un procedimiento administrativo sancionador para determinar responsabilidades por el presunto uso indebido de bienes del Estado. La entidad precisó que los equipos del Congreso solo pueden emplearse en funciones parlamentarias y no en eventos privados o de carácter político.
El hecho ha reavivado el debate sobre los límites éticos entre la labor pública y las actividades partidarias, especialmente en un contexto preelectoral donde la vigilancia ciudadana sobre el gasto estatal cobra mayor relevancia. Diversas voces han pedido una investigación transparente y sanciones ejemplares si se confirma la infracción.
En tanto, se conoció que el trabajador vinculado al uso del equipo presentó su renuncia el 1 de noviembre de 2025, mientras el Congreso continúa con las indagaciones internas. El caso podría marcar un precedente en la fiscalización del uso de recursos públicos en campañas políticas.