La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó suspender los beneficios otorgados a Ollanta Humala, en su condición de expresidente, tras la condena de 15 años de prisión que recibió por lavado de activos a raíz de los aportes ilegales provenientes de Venezuela y las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S para financiar sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011.
La medida fue adoptada en atención al acuerdo 078-2016–2017 / MESA–CR, así como los informes del Departamento de Recursos Humanos y a un informe del Área de Asesoría Jurídica de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Humala ya no dispondrá de un vehículo, combustible y personal.
Esta decisión no interrumpe el pago de la pensión vitalicia de Ollanta Humala como jefe de Estado, pues según el citado acuerdo, dicho beneficio no está regulado en un acuerdo del Congreso de la República sino en una Ley, en alusión a la Ley 26519.
