El Consejo Regional de La Libertad exigió la modificación o derogatoria del Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, emitido por el Ejecutivo, por considerar que vulnera los derechos económicos y sociales de miles de pequeños mineros artesanales en la provincia de Pataz.
La presidenta del consejo, Lorena Carranza Blas, aseguró que la norma fue emitida sin tomar en cuenta la realidad de los pueblos afectados. “Nos solidarizamos con nuestros hermanos de Pataz y rechazamos la forma arbitraria en que se emitió este decreto”, señaló.
Carranza anunció que el Consejo emitirá un pronunciamiento institucional que será remitido a la PCM y otras instancias. En este, se pide que, si se suspende la minería, se haga de forma equitativa para todas las empresas, no solo para los pequeños productores. “No es justo que se prohíba trabajar a los mineros artesanales, mientras las grandes empresas siguen operando”, añadió.
El consejero por la provincia de Pataz, Frank Solórzano, indicó que ya se sostuvieron reuniones con autoridades locales y representantes del Ejecutivo, en las que se evidenció que no todos los distritos presentan la misma situación. “La realidad de Pataz no es igual a la de Tayabamba o Parcoy. No se puede aplicar una misma medida en todos lados”, explicó.
Finalmente, el consejero Luis Rodríguez alertó sobre las consecuencias de mantener vigente el decreto. “Estamos hablando de cerca de 100 mil habitantes que dependen de la minería artesanal. Si no se toman medidas urgentes, esto puede derivar en una crisis social y económica profunda”, advirtió.