Conductas corruptas de funcionarios y servidores públicos serán sancionados por la Contraloría General hasta por cinco años en función de la gravedad de la conducta.
Esto a nivel independiente de las acciones legales que puede iniciar la Procuraduría en materia civil y penal, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial como resultado de los servicios de control posterior.
Procesos administrativos deben corresponder a hechos ocurridos a partir del 21 de julio del 2021, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 31288.
Sanciones
Son 32 infracciones por responsabilidad administrativa funcional que pueden ser castigadas por la Contraloría, donde las graves tienen una inhabilitación de 60 días hasta un máximo de un año, mientras que las muy graves de uno hasta cinco años.
De producirse un perjuicio económico, la Contraloría tiene la facultad de no iniciar el PAS, siempre y cuando el monto total de dicho perjuicio no sea mayor a las 8 UIT (actualmente equivalente a S/ 35 200) y que sea imputable solo a título de culpa. Esto no significa que dichos casos queden impunes, pues se procede a comunicar a los órganos competentes para que adopten las acciones que correspondan