El gobierno central declaró en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para combatir la criminalidad y garantizar condiciones de seguridad en los penales, así como la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
A través del Decreto Supremo n.° 014-2024-JUS, se autoriza a reorganizar y adoptar nuevos criterios para mejorar los servicios que se brindan en los establecimientos penitenciarios, así como su capacidad de albergue, calidad de infraestructura, seguridad interna y externa de los establecimientos penitenciarios, así como de sus instalaciones, entre otros.
Esta norma permitirá gestionar recursos económicos para la construcción de más cárceles en el país, fomentar el deshacinamiento e impulsar el uso de los grilletes electrónicos con aquellas personas privadas de su libertad que cometieron delitos leves.
Además. se ejecutarán acciones a favor de los agentes penitenciarios del INPE para mejorar su capacidad de respuesta ante las acciones de prevención y control que realizan permanentemente como parte de sus funciones. El MINJUSDH tendrá un plazo de 45 días hábiles, desde este martes 26 de noviembre para aprobar la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria.
