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viernes 14, febrero 2025

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Fiscalía advierte que seis leyes aprobadas por el Congreso afectan su función

Según la institución, estas leyes representan un retroceso en la lucha contra la criminalidad.

El Ministerio Público ha expresado su preocupación ante la promulgación de seis leyes recientes por parte del Congreso, señalando que estas normativas dificultan la administración de justicia en el país. Según la institución, estas leyes representan un retroceso en la defensa de los derechos ciudadanos y en la lucha contra la criminalidad.

Entre las leyes cuestionadas, se encuentra la Ley 32107, que redefine la aplicación de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Según el Ministerio Público, esta normativa limita la capacidad para actuar en casos de violaciones de derechos humanos con sentencias firmes.

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La Ley 31990 también ha sido criticada, ya que restringe el tiempo disponible para corroborar la información proporcionada por colaboradores eficaces, lo que, según la fiscalía, obstaculiza las investigaciones de delitos complejos y graves.

La Ley 32181, que elimina la detención preliminar o prisión preventiva para policías que, en el ejercicio de sus funciones, utilicen su arma de fuego causando lesiones o muerte. Según el Ministerio Público, esta disposición limita su capacidad para actuar en investigaciones delicadas y contraviene el principio de igualdad ante la ley.

Asimismo, la Ley 31751 modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, reduciendo los plazos de prescripción. Para la fiscalía, esta medida dificulta la persecución de delitos graves y podría generar impunidad en casos complejos.

En cuanto a la Ley 32108, introduce nuevas categorías para sancionar a grupos criminales, pero establece requisitos adicionales que, según el Ministerio Público, dificultan la sanción de estas organizaciones. Además, complica los allanamientos al exigir la presencia de un defensor público, afectando la agilidad de las investigaciones.

Finalmente, la Ley 32182 modifica las leyes de la Carrera Fiscal y Judicial, estableciendo sanciones para fiscales y jueces que actúen sin respetar ciertos criterios. El Ministerio Público considera que esta normativa podría comprometer la independencia del sistema de justicia al generar intimidación sobre sus decisiones.

El Ministerio Público reitera que estas leyes afectan su capacidad para garantizar la legalidad, defender los derechos ciudadanos y combatir la criminalidad de manera efectiva.

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