Esta semana, la Patrulla Fronteriza detuvo a Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y cercano a Pedro Castillo, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos de manera irregular desde México.
Sánchez, prófugo de la justicia peruana desde el 2022, enfrenta acusaciones por tráfico de influencias debido a su estrecha relación con el expresidente, a quien apoyó financieramente en su campaña y cedió un espacio en su propiedad para reuniones políticas.
Tras su arresto, Sánchez fue trasladado al Centro de Detención del Río, en Texas. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha iniciado los trámites para su expulsión, un proceso que, según expertos, podría llevar al menos un mes. El empresario cuenta con una orden de 30 meses de prisión preventiva y su nombre figura en el Programa de Recompensas, con una recompensa de S/ 30,000 para quien brinde información sobre su paradero.
Esto ha generado gran atención tanto en Perú como en el extranjero. Su arresto en la frontera entre México y EE. UU. marca un nuevo capítulo en el escándalo que rodea su figura y su conexión con el exmandatario. Se espera que las investigaciones sobre los vínculos entre Sánchez y Castillo continúen develando más detalles en las próximas semanas.