El Gobierno del presidente José Jerí dispuso una transferencia de S/48 millones 58.483 al Ministerio Público, con el objetivo de reforzar su capacidad operativa, tecnológica y logística en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 239-2025-EF, publicado este domingo 2 de noviembre en el diario oficial El Peruano.
De acuerdo con la norma, los recursos servirán para cubrir gastos de desplazamientos, diligencias, participación en audiencias, conectividad y operatividad de las fiscalías penales, especializadas y mixtas a nivel nacional. Asimismo, se destinarán fondos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, encargado de brindar soporte técnico y científico a las investigaciones fiscales.
“La lucha frontal contra la delincuencia es una de las prioridades del Gobierno. Desde el MEF estamos garantizando la transferencia de los recursos necesarios para que el Ministerio Público fortalezca sus condiciones operativas y logísticas, permitiéndole cumplir eficazmente su labor en defensa de la ciudadanía”, señaló la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.
El decreto también autoriza una transferencia adicional de S/45 millones 621.426 a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, con cargo al presupuesto institucional del propio Ministerio Público. Dichos recursos serán destinados a proyectos de modernización, como la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica, la creación del Centro Nacional de Perfiles Genéticos Humanos y el fortalecimiento de los laboratorios de ADN en Lima, Arequipa y Lambayeque.
Según el Ministerio de Economía, esta última operación no implica nuevos recursos financieros, sino una reprogramación técnica del presupuesto actual, que permitirá garantizar la continuidad de obras e iniciativas de modernización sin incrementar el gasto público. La disposición se enmarca en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025, que autoriza al MEF a realizar modificaciones presupuestarias con cargo a la Reserva de Contingencia para fortalecer la respuesta institucional frente al avance del crimen organizado.