La Contraloría General de la República identificó irregularidades en la designación de María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad. Según el informe, Olórtegui, militante de Alianza para el Progreso (APP), no cumple con los años de experiencia requeridos para el cargo y su labor previa no está vinculada a la defensa de derechos ciudadanos.
El documento señala que los documentos presentados para sustentar su experiencia no guardan relación con la defensa de derechos ciudadanos. El informe detalla que ejerció la docencia y labores en centros psicológicos, pero sin vinculación con el trabajo defensorial.
Además, la Contraloría advierte que su militancia en Alianza para el Progreso (APP) sigue activa, lo que vulnera la normativa de neutralidad de la Defensoría.
En una conversación con Peru21, Olórtegui, afirmó que no había sido notificada sobre los hallazgos y que no puede pronunciarse porque no he recibido el informe de la Contraloría.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, negó responsabilidad en la designación. “Las evaluaciones las realizan órganos especializados de la Defensoría y están debidamente sustentadas. Si otra entidad opina lo contrario, sería necesario tener el documento para opinar y en lo particular no tengo esa información”, manifestó.