
Los hermanos Teonila Maura y Víctor Olando Sánchez Iparraguirre han amasado una gran fortuna por socavones mineros en la provincia de Pataz, La Libertad, por lo que, actualmente manejan empresas de transporte de minerales, hoteles, edificios, centros comerciales, polvorines para almacenamiento de explosivos y demás dentro del rubro minero. Esta familia tiene conexiones con personajes políticos y maneja un gran poder económico, según reportaje de El Comercio.
Son dueños del hotel Orlando’s, gran edificio donde se firman contratos para el alquiler de polvorines. Además, dentro de sus instalaciones se ha construido un centro comercial y en el frontis un grifo, cuya licencia se habría obtenido de forma irregular. Orlando Sánchez ya no figura en el Registro de Formalización Integral Minera (Reinfo), su inscripción que estaba suspendida ha sido revocada.

En cuanto a Teonila, ella tiene 42 propiedades en Tarapoto, Moyobamba, Huaral, Lima y Trujillo, según los registros de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). Entre marzo y octubre de 2023, el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, en cinco ocasiones recibió en su calidad de jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Energía y Minas a Kilder García Calderón, abogado de los hermanos Sánchez.
No obstante, en el 2024, Pozo negó conocerlos. “Lo he atendido, y no porque lo conozca, sino porque pedía que alguien lo atendiera. Había una disposición del ministro que se atienda a todos”. El 26 de febrero del 2024, Teonila Sánchez junto a un grupo de mineros informales de Pataz se reunieron con el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, en su despacho, por más de dos horas.
Luego, el 27 de mayo, la citada empresaria minera se reunió con el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Manuel Ordónez, durante una hora y media. Cabe precisar que, Teonila Sánchez tiene dos investigaciones por delitos ambientales y dos investigaciones por hurto en la región La Libertad. Del mismo modo, Orlando Sánchez tiene tres investigaciones en etapa preparatoria por los delitos ambientales y una investigación preliminar por actos de conversión y transferencia.