Si bien no es nuevo manifestar que los extorsionadores han puesto en la mira a las instituciones educativas, sin embargo, debe ser un nuevo llamado de alerta a las autoridades para que implementen una verdadera estrategia para dar seguridad a alumnos y profesores ante las amenazas de las organizaciones criminales.
Según Gianina Miranda Lazo, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial y representante del colectivo Educar con Libertad, hay unos 300 planteles que han cerrado sus puertas en todo el país ante las amenazas de grupos criminales.
Los delincuentes piden entre S/. 10 mil a S/. 70 mil a cada institución para no detonar explosivos o para no disparar contra la infraestructura, lo cual podría causar víctimas entre el estamento escolar o docente.
De acuerdo con el Ministerio Público, en los últimos nueve años hubo 86 mil 373 denuncias en el país. De ellos, 77 mil 314 fueron por extorsión, 2 952 por chantaje y 6 107 no tenían registro de delitos específico. El año pasado hubo 22 mil 835 registros y en el 2023 las cifras alcanzaron las 22 mil 296 denuncias.