El ministro del Interior, Juan Santiváñez Antúnez, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, tuvieron posiciones antagónicas respecto a la pena de cárcel para menores implicados en extorsión y sicariato. Esto se dio en la Mesa Técnica del Congreso con representantes de los tres poderes del Estado para abordar un marco legal que permita luchar efectivamente contra la criminalidad.
Santiváñez propuso emular el caso de El Salvador en cuanto a imponer penas de cárcel a menores de 16 y 17 años vinculados a los graves delitos referidos, mientras que Tello argumentó que la legislación peruana se enmarca en la Convención de los Derechos de Niño y contempla sanciones a menores de edad que cometen delitos, pero que el fin es la «recuperación» de los infractores.
«Queremos ser El Salvador, pero no estamos dispuestos a aplicar esas políticas», refirió el ministro, quien agregó que «los derechos humanos que debemos proteger son los derechos humanos de los niños y de los jóvenes que quieren estudiar, que quieren salir adelante, no de aquellos que empuñan un arma”.
Por su parte, Tello opinó que se tiene que ver el problema detrás del problema para recuperar a los adolescentes infractores.
«Nuestro país adoptó el Decreto Legislativo 1348 para implementar el código de responsabilidad penal del adolescente. Que quede claro que los adolescentes que cometen infracciones a la ley penal no son inocentes ni son absueltos, son sujetos a un sistema penal juvenil especializado, en el cual las medidas socioeducativas de internamiento van, en el caso de sicariato, de terrorismo, de violación sexual, de 8 a 10 años», sostuvo.