Desde el 22 de abril comenzará a aplicarse la nueva Ley de Contrataciones Públicas, aprobada por una amplia mayoría en el Congreso el año 2024.
Esta ley, que ha sido recientemente ratificada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial, introduce cambios en las restricciones que anteriormente limitaban el acceso de los familiares de los servidores públicos a los contratos estatales.
De acuerdo a los parlamentarios, el objetivo de esta reforma es promover una mayor competencia y ampliar las oportunidades en el mercado. Bajo la legislación vigente, los congresistas y sus familiares tienen prohibido participar en procesos de contratación mientras ocupen el cargo y hasta 12 meses después de dejarlo.
No obstante, la ley ha modificado la frase «todo proceso» por «el impedimento se configura respecto al mismo ámbito». Esto significa que los familiares de los congresistas ya no estarán restringidos a contratar solo con el Congreso, sino que podrán hacerlo con otras entidades como gobiernos regionales y municipales, entre otros.