Ante los hechos que vienen aconteciendo en la carretera Panamericana en las regiones Ica y La Libertad por el paro agrario, la Defensoría del Pueblo condenó los sucesos violentos en las protestas, y a los que han estado expuestos personas vulnerables y menores de edad.
“Condenamos los hechos de violencia ocurridos los días 21 y 22 de diciembre tanto en la región Ica como en la región, donde se ha podido constatar bloqueos de carreteras, enfrentamientos y agresiones, quema de vehículos, personas expuestas a varios riesgos, entre otros”, señalaron.
Así mismo, la institución destacó que “nadie puede protestar afectando los derechos de otras personas o creando una situación de riesgo para la vida, más aún cuando estas no son responsables de aquello que se reclama ni tampoco de resolverlo”.
Por ello, sostuvo que estas acciones son punibles ya que “la Constitución y las leyes no amparan en ningún caso la protesta violenta, cuyas consecuencias caen en la esfera del derecho penal”.
Por otra parte, señaló que el Estado está abierto a tratar de agilizar el planteamiento de una legislatura acorde de las necesidades del sector agrario, «el Congreso de la República se encuentra abocado a la elaboración de una nueva ley agraria. Es decir, no es un conflicto en el que las puertas del Estado se hayan cerrado para los trabajadores».
Para finalizar, la Defensoría del Pueblo aseguró que seguirá velando por brindar apoyo y “ayuda humanitaria” para los afectados por estos actos y solicita a la Policía Nacional del Perú que en su búsqueda de controlar la situación “se haga un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza”.