El Poder Judicial y el Ministerio Público rechazaron de plano el proyecto de ley impulsado por la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) destinado a proteger la identidad de jueces y fiscales que investigan casos de sicariato y extorsión, alegando que revive la figura de los denominados “jueces sin rostro” de los años 90. Ambos organismos recordaron que dicha modalidad fue declarada inconstitucional por órganos nacionales e internacionales al vulnerar garantías esenciales del proceso.
En una mesa de trabajo parlamentaria, el jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, Braulio Andrade, enfatizó que ocultar la identidad del juzgador atenta contra el derecho de defensa, puesto que “la persona tiene derecho a conocer a quienes la juzgan”. Esta práctica, advirtió, comprometería los compromisos internacionales adquiridos por el país.
En contraste, el penalista César Nakazaki opinó que sí podría considerarse un mecanismo viable siempre que se aplique solo en casos “excepcionales” y en un marco normativo bien delimitado. La congresista Juárez, por su parte, sostuvo que su propuesta busca resguardar la integridad de unos 80 fiscales amenazados, mediante el uso de códigos y tecnología para ocultar rasgos físicos de los magistrados.