Una red criminal operativa y presuntamente bien articulada ha logrado insertar más de 4 000 certificados de cursos de conducción fraudulentos entre enero y julio de 2025, según fuentes consultadas. La modalidad, que combina moldes de silicona para huellas dactilares, entrega de datos por parte de aspirantes que no desean capacitarse y la complicidad de escuelas de conductores en Lima, plantea un serio desafío a la seguridad vial del país.
Moldes de silicona, huellas falsas y complicidad institucional
Los implicados actúan con un mecanismo estructurado: los postulantes quienes muchos de ellos en la región La Libertad evitan completar el curso presencial obligatorio. En lugar de ello, entregan sus huellas en oficinas de tramitadores no autorizados cerca de la Gerencia Regional de Transportes de La Libertad, quienes luego manipulan el sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para emitir licencias.
Las escuelas de conductores autorizadas en Lima están implicadas como emisoras de los certificados falsos, lo que convierte el fraude en un negocio de alto volumen. En solo siete meses, estas instituciones generaron más de 4 000 registros falsos de capacitaciones inexistentes.
La Gerencia Regional reportó una caída progresiva en la emisión de licencias en La Libertad, de 53 448 en 2022 a apenas 18 855 hasta octubre de 2025. Esta tendencia, según las autoridades, refuerza la existencia de esta actividad ilícita y su efecto sobre el sistema regulador.
De 53 000 a 18 000: cómo la emisión de licencias legitima una red ilícita
La reducción drástica en el número de licencias no es casual. Indica que miles de trujillanos están recurriendo a este circuito paralelo, eludiendo los controles formales del sistema estatal. Desde la Gerencia Regional de Transportes, su titular ha señalado que, pese a reiterados pedidos de apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancías (SUTRÁN), la red sigue operando con impunidad.
Los tramitadores, al verse amenazados por visitas de la PNP o la Fiscalía, suelen refugiarse en centros médicos o suspender atención para evitar ser detectados. Este modus operandi, que se repite hace años, demuestra una tolerancia institucional que permite la continuidad del delito.
El hecho de que se utilicen moldes de huellas y se falsifique la asistencia a cursos de conducción no es simplemente un fraude burocrático: es un atentado a la seguridad pública. Permite que personas sin la formación reglamentaria circulen libremente en las vías del país, incrementando el riesgo de accidentes, colisiones y muertes.
Existen ahora exigencias de suspensión inmediata de las licencias emitidas fraudulentamente y la apertura de investigaciones para dar con los responsables. Las preguntas que quedan en el aire: ¿qué están haciendo la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y la PNP para fiscalizar las escuelas de conductores y los centros médicos? ¿Por qué permitieron que esta red creciera a escala industrial?
La red pone en evidencia dos grandes déficits: uno institucional la falta de supervisión efectiva y otro cultural la normalización de los “contactos” para obtener trámites ilegales. Sin una acción coordinada entre la MPT, la Gerencia Regional, SUTRÁN, el MTC y la PNP, las pistas seguirán llenas de licencias que no alcanzan al conductor.
