La crisis de la seguridad ciudadana en el Perú alcanza nuevos niveles con el fenómeno de la extorsión, un delito que según recientes estadísticas sólo se traduce en condena en 1,7 % de los casos entre 2020 y 2025. Este colosal grado de impunidad agrava la sensación de desamparo tanto de comerciantes como de transportistas, y alimenta la impunidad de las redes criminales que exigen pagos, amenazan y matan sin respuestas efectivas.
En regiones como Trujillo (región La Libertad) el escenario es aún más grave: se reportan más de 7 denuncias diarias por extorsión, en medio de una ola de asesinatos vinculados al cobro de cupos y al sicariato. Estos hechos evidencian cómo la violencia organizada ha tomado el control de territorios y rubros productivos, desde el transporte hasta la construcción.
El análisis deja claro que el problema no es solo el aumento de denuncias que en el país se ha multiplicado, sino la falta de resultados: en muchos casos los extorsionadores operan prácticamente sin riesgo de sanción, lo que refuerza el ciclo de agresión. En este contexto, la ciudadanía pierde confianza en las instituciones y opta por el silencio, lo que a su vez alimenta el subregistro de casos y dificulta la detección de redes criminales más amplias.
Uno de los cuellos de botella clave es el tecnológico: la falta de equipos especializados para analizar dispositivos móviles, interceptar comunicaciones y procesar evidencia digital ralentiza o bloquea muchas investigaciones. A esto se suma la carencia de normativas y recursos humanos adecuados para investigar de forma ágil y efectiva. Expertos coinciden en que sin una modernización profunda del aparato investigativo y judicial no habrá cambio real.
El reto es mayúsculo: no basta con promesas o nuevas leyes, sino con acciones concretas que mejoren los indicadores de condena, protejan a las víctimas y desalienten la extorsión como negocio criminal. La magnitud de la crisis exige una respuesta integral: tecnología, presupuesto, liderazgo político y voluntad real para romper el ciclo.
Para regiones como La Libertad y ciudades como Trujillo, donde la violencia vinculada a la extorsión ya es parte de la cotidianidad, la urgencia es aún mayor. Si no se estabiliza este frente, la inseguridad no solo empeorará, sino que corroerá aún más la convivencia, el emprendimiento y la confianza institucional.