Una vez más se identificó una presunta irregularidad y responsabilidad penal y/o administrativa en tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que en esta ocasión se trataría de un caso de sobredimensionamiento en la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19 a trabajadores de la institución y la que no contaría con la justificación correspondiente.
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 039-2020-2-0424-SCE de la Contraloría General, que contó con un periodo de evaluación entre el 25 de mayo al 01 de octubre de 2020, se indica que funcionarios de la MPT no acreditaron ni sustentaron el paradero final de 606 pruebas rápidas para el descarte de coronavirus.
Lo más grave es que estos sucesos habrían ocasionado un perjuicio económico de S/ 29 027.40 debido a que se adquirieron 676 pruebas de más mediante el supuesto duplicado de los registros del personal beneficiado que eran 1 500, y cuyo monto total fue de 3 000 unidades por un monto de S/ 143 000.00.
De la misma manera, según indica el informe enviado por la Red Asistencial de ESSALUD de La Libertad, ente encargado de aplicarlas, detalló que estas fueron 2354. Pero, se verificó que, del total de tamizajes, 115 fueron realizados con fecha de registro previo a la entrega de los exámenes por parte de la comuna, y los cuales habrían sido aplicados a personas que no trabajan para la MPT.
El mismo caso se habría dado con las 2239 pruebas que se tomaron durante el 25 de junio al 24 de julio, de las que unas 555 fueron destinadas para gente sin ningún lazo laboral con la comuna, sino con los Organismos Públicos Descentralizados del municipio, incumpliendo así la finalidad pública y objeto de la contratación.
Mientras la MPT ya fue notificada para las acciones administrativas y de la Procuraduría de la Contraloría, a fin de que inicie las acciones legales correspondientes.