La venta de productos pirotécnicos a menores de edad constituye un delito sancionado con penas severas, según la legislación vigente. Quienes infrinjan esta norma podrían enfrentar una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, además de trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación.
La normativa se endurece si la fabricación, comercialización o uso de estos productos ocasiona lesiones graves o la muerte de personas. En estos casos, la pena se eleva de cinco a diez años de cárcel, reafirmando la gravedad del delito y la necesidad de proteger la integridad de la ciudadanía.
Las autoridades instan a los comerciantes y a la población en general a respetar las disposiciones legales, especialmente en las celebraciones de fin de año, donde el uso de pirotécnicos se incrementa. “La seguridad de nuestros menores está en nuestras manos”, recalcan, exhortando a evitar tragedias.
La fiscalización se intensificará en puntos de venta y zonas de almacenamiento ilegal. Asimismo, se hace un llamado a los padres de familia para que supervisen a sus hijos y denuncien cualquier comercio irregular que atente contra su seguridad.
