Un nuevo revés judicial ha generado profunda controversia en el ámbito nacional. Amparándose en la polémica Ley 32107 —conocida en el debate público como la ley pro-impunidad—, la Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos dispuso el archivo definitivo de la investigación que había ordenado el Poder Judicial en torno a las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. La disposición número 25, firmada el pasado 22 de octubre por el fiscal Jesús Dávila Rojas, declaró la prescripción de la acción penal, cerrando el camino para esclarecer los delitos de lesiones graves seguidas de muerte y las agresiones contra más de 4,100 mujeres. Entre los 52 personajes beneficiados figura el exministro de Salud y actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga.
Crisis en la bancada del Buen Gobierno tras delegación de facultades
En el plano parlamentario, las consecuencias políticas del reciente otorgamiento de facultades legislativas al gobierno de Keiko Fujimori continúan cobrando factura al interior de las agrupaciones políticas. El Partido del Buen Gobierno atraviesa un momento crítico tras la renuncia del senador Jorge Gavidia, una salida que podría repetirse en los próximos días. El senador electo por Arequipa, Juver Flores, deslizó la posibilidad de seguir los mismos pasos y abandonar la bancada, argumentando que evaluará su continuidad en función a sus convicciones y postura política, en medio de amagos de sanciones internas.
Movimientos y posibles pases a otras agrupaciones
Ante esta desbandada, los pasillos del Congreso ya rumorean sobre el futuro político de los flamantes tránsfugas. Fuentes cercanas al Partido Cívico Obras, señalado como el nuevo aliado estratégico del fujimorismo en la cámara, no descartaron la incorporación de Gavidia a sus filas. Mientras tanto, analistas y observadores políticos siguen de cerca la reconfiguración de las fuerzas en el Legislativo, dejando en evidencia las fracturas internas que dejó la última votación en el Senado.
