El Gobierno oficializó el estado de emergencia por 60 días en Ica y en Arequipa, tras los hechos de violencia suscitados en ambas localidades del sur peruano.
En ese lapso, el orden interno será ejercido por la Policía Nacional del Perú en conjunto con miembros de las Fuerzas Armadas. Esta medida fue oficializada mediante los decretos supremos N.º 141-2022-PCM y 142-2022-PCM, en el diario El Peruano.
Durante estos días, estarán suspendidos los derechos constitucionales referidos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personal, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Las protestas ocurren después que el expresidente Pedro Castillo intentara un golpe de estado y posteriormente sea vacado por el Congreso.