El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, autorizó a civiles la compra de armas semiautomáticas, de asalto y derivados de uso militar, revirtiendo una prohibición vigente desde 1995. El decreto permite que los “legítimos usuarios” puedan adquirir este tipo de armamento siempre que acrediten “usos deportivos”.
La medida ha generado fuertes cuestionamientos de expertos en seguridad. Julián Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), advirtió que el gobierno actúa con “ligereza y temeridad” y señaló que “minimiza las consecuencias de estas decisiones y parece hacerlo por una postura entre fanática y dogmática respecto al uso de armas de fuego”.
Alfie alertó además sobre el riesgo de desvío de estas armas al mercado ilegal, debido a las limitadas capacidades de control de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que “tiene menos de diez inspectores para controlar todo el territorio nacional”.
Armas express
En los últimos meses, el gobierno de Milei ha impulsado otras flexibilizaciones, como la “tenencia express” que simplifica y digitaliza los trámites de permisos de armas, así como la reducción de la edad mínima para portar armas de 21 a 18 años.
Al justificar esta medida, la ministra Bullrich señaló que “a los 18 pueden ir a la guerra, formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad. Entonces, ¿por qué a los 18 años no podrían ser legítimos usuarios o portadores de un arma?”.