
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que el Gobierno Regional de La Libertad (GORE la Libertad) habría otorgado de manera irregular la buena pro para la ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación del corredor vial que une Trujillo con el balneario de Huanchaco. La obra, cuyo costo supera los S/ 121 millones, fue adjudicada al Consorcio Vías Huanchaco.
De acuerdo con el Informe de Auditoría N.° 102-2025-2-5342-AC, correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2024 al 28 de mayo de 2025, se detectaron modificaciones al requerimiento del plantel profesional clave sin la debida aprobación. De los 15 profesionales inicialmente exigidos, solo cinco fueron considerados como personal clave, mientras que los otros diez fueron reclasificados como personal técnico, contraviniendo las bases del proceso.
El documento también señala que el Comité de Selección no adecuó las bases administrativas a las bases estándar establecidas para los procedimientos de selección. Además, el contratista habría iniciado la ejecución de la obra sin presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos respecto al plantel técnico, lo que afectó la legalidad, la integridad y el correcto funcionamiento de la administración pública.
La obra es ejecutada por el Consorcio Vías Huanchaco, integrado por LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C. y Marquisa S.A.C. Contratistas Generales. La primera empresa está vinculada a la empresaria Lucero Coca Condori. Según el informe, en estas presuntas irregularidades estarían involucrados funcionarios y servidores del GORE La Libertad.
Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó a la gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel disponer las acciones necesarias para el deslinde de responsabilidades, así como solicitar a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y a la Procuraduría de la Contraloría iniciar las acciones penales correspondientes contra quienes resulten responsables.
El proyecto se inició durante la gestión del entonces gobernador regional César Acuña Peralta, quien posteriormente renunció al cargo para postular a la Presidencia de la República. Desde entonces, la adjudicación de esta obra ha generado duras críticas y cuestionamientos públicos.


