CASO UTOPÍA
Todo comenzó la fría noche del 20 de julio de 2002. La exclusiva discoteca Utopía, ubicada en el Jockey Plaza, había prometido a cientos de jóvenes una velada inolvidable bajo la temática «Zoo». Sin embargo, el espectáculo que incluía animales y fuego real desató rápidamente un infierno.
Las investigaciones posteriores demostraron una cadena de negligencias absolutas: el local operaba sin las condiciones básicas de seguridad, los extintores brillaban por su ausencia, no existían salidas de emergencia adecuadas y la municipalidad nunca había otorgado la licencia de Defensa Civil. Esa noche, 29 jóvenes murieron asfixiados por la inhalación de gases tóxicos atrapados en una trampa de humo y desidia.
CULPABLES TOMAN CAMINOS JUDICIALES DIFERENTES
A lo largo de más de dos décadas, los pasillos judiciales vieron desfilar a los distintos responsables de la tragedia, marcando destinos muy diferentes para cada uno de ellos:
- Roberto Ferreyros: El barman que inició el fuego cumplió su condena en los primeros años tras el siniestro.
- Percy North: El administrador de la discoteca enfrentó un largo proceso. Tras idas y venidas judiciales, fue condenado a 10 años, cumplió siete en prisión y recuperó su libertad en 2015.
- Édgar Paz Ravines: Como accionista y propietario, huyó del país. Fue capturado en México y finalmente extraditado al Perú en septiembre de 2020 para cumplir sus cuatro años en el penal Ancón II.
Faltaba un último nombre en esa lista. Alan Azizollahoff, también exaccionista del recinto, había logrado evadir la justicia instalándose en Sudáfrica. En el año 2014 fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por homicidio culposo por omisión impropia, sentencia que quedó firme en mayo de 2015.
TC DECLARA PRESCRITA LA CONDENA
El tiempo, al final, jugó a favor del prófugo. A través de la reciente Sentencia 170/2026, el Tribunal Constitucional declaró fundado un recurso de hábeas corpus a su favor.
El máximo colegiado argumentó que el plazo legal aplicable para ejecutar la pena era de seis años. Como la condena quedó firme en 2015 y no se acreditó ninguna causal válida de interrupción, el TC determinó que el castigo ya no puede aplicarse. En un solo documento, se ordenó dejar sin efecto inmediato las alertas nacionales e internacionales de captura, devolviéndole a Azizollahoff su libertad de tránsito global.
Aunque el fallo no borra su culpabilidad histórica, en la práctica, le permite esquivar para siempre las rejas. La tragedia de Utopía llega así a un final amargo para las familias de las víctimas, demostrando cómo la lentitud de los procesos judiciales puede terminar convirtiéndose en el mejor escudo contra la prisión.
Tras observar cómo el paso de los años permitió la prescripción de esta condena, ¿crees que el sistema judicial peruano debería establecer reglas de imprescriptibilidad para tragedias vinculadas a negligencias empresariales mortales?
