La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió una investigación preliminar contra el presidente de la República Pedro Castillo por las reuniones ilícitas que mantuvo en su vivienda de Breña.
Las acusaciones contra el mandatario son por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión por sus reuniones con la empresaria Karelim López.
Lo que ha puesto en la mira las adjudicaciones de los contratos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de Provias en cuanto al Puente Tarata III y la licitación de Petro Perú para la compra de Biodiesel.
El procurador general Daniel Soria Luján denunció al presidente el 18 de diciembre ante el Ministerio Público por supuesto patrocinio ilegal y tráfico de influencias por el caso de Provias.