César Astudillo asumiría dirección estratégica del Comando Unificado contra el crimen organizado, según oficio del Mininter

Un documento dirigido al comandante general de la PNP plantea que el ministro del Interior esté a cargo de la dirección estratégica, mientras que la Policía mantendría la conducción operativa del comando.

El ministro del Interior, César Astudillo, asumiría la dirección estratégica del Comando Unificado PNP-FF. AA. contra el crimen organizado, según un oficio del Ministerio del Interior fechado el 10 de octubre de 2026 y dirigido al comandante general de la Policía Nacional, Fredy López Mendoza.

El documento, firmado digitalmente a nombre de José Luis Torrico Huerta, jefe del Gabinete de Asesores del Mininter, solicita considerar la activación inmediata de esta fuerza de tarea integrada en los territorios declarados en estado de emergencia, donde la Policía mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

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¿Quién dirigiría el Comando Unificado?

Según el oficio, la presidencia y conducción operativa estarían a cargo del comandante general de la PNP, mientras que la dirección estratégica correspondería al ministro del Interior.

La propuesta busca coordinar las capacidades policiales y militares para enfrentar a las organizaciones criminales, dirigir operaciones conjuntas y reducir los índices de delincuencia en las zonas intervenidas.

El documento también señala que las acciones deberán ejecutarse respetando los derechos fundamentales y articulándose con los mecanismos de coordinación previstos en los decretos de estado de emergencia.

¿Astudillo ya fue designado?

Aunque el oficio plantea una estructura de mando, no constituye por sí mismo una resolución que confirme la designación definitiva del ministro como responsable estratégico del Comando Unificado.

El texto utiliza la expresión «solicito se sirva considerar», por lo que todavía corresponde determinar si la propuesta fue formalmente aprobada y puesta en ejecución.

La iniciativa se enmarca en los anuncios del Ejecutivo para reforzar la respuesta del Estado frente al crimen organizado mediante operaciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

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