Simpatizantes y militantes de Juntos por el Perú (JP), pertenecientes al bloque de coordinación regional «Amigos de Lucha 2026» en Piura, alistaron una serie de denuncias tras detectar una colecta económica paralela no autorizada por las vías formales del partido. La controversia se destapó tras la difusión de un afiche publicitario alternativo que consignaba el número celular y las cuentas personales de la personera legal de Huancavelica, Dacia Romero, en reemplazo del número oficial de la tesorera nacional de la agrupación, Luzmila Ayay. Al realizar consultas directas al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), las bases constataron que la dirigencia solo reconocía las transacciones gestionadas por la tesorera oficial, lo que evidenció el desvío de depósitos hacia cuentas bancarias individuales no fiscalizadas ni reportadas contablemente.
La operación de recolección apunta directamente a la diputada electa por Huancavelica, Catherin Palomino, quien obtuvo 13,580 votos en los últimos comicios y mantiene un fuerte peso en la interna partidaria por ser abogada defensora del expresidente Pedro Castillo. Según el testimonio de la propia personera Dacia Romero, la legisladora coordinó e instruyó el uso de la cuenta alterna argumentando una situación de urgencia para financiar el pago de nulidades e impugnaciones de actas de sufragio, cuya meta partidaria nacional superaba los 2 millones de soles. Romero confesó además que Palomino evitó deliberadamente colocar sus propias cuentas bancarias en la propaganda de recaudación para esquivar futuras contingencias o implicancias legales, delegando toda la responsabilidad en la personería regional.
Frente a la gravedad del caso, el expresidente del Instituto Aklla y especialista en derecho electoral, José Tello, advirtió que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está obligada a intervenir y ordenar una auditoría contable exhaustiva, pese a que el partido alegó que aún no se vence el cronograma oficial de rendición de cuentas. Este peritaje técnico deberá rastrear la trazabilidad del dinero, identificar a los aportantes individuales y corroborar el destino real de los montos transferidos ante las evidentes contradicciones internas. De comprobarse que estos fondos se ocultaron deliberadamente al sistema electoral oficial, el Ministerio Público asumirá el caso para iniciar una investigación penal por los presuntos delitos de financiamiento ilícito y apropiación ilícita de recursos.
