Nuevos cuestionamientos rodean al Proyecto Especial Chavimochic (PECH) debido a las continuas reprogramaciones en el proceso para contratar el servicio de seguridad y vigilancia privada de sus instalaciones. La controversia gira en torno a la participación de la empresa ZV Servicios Generales Corporativos S.A.C. – SERGECOR SAC, firma dedicada al rubro de seguridad privada, que volvió a presentarse al concurso pese a haber sido observada anteriormente por presuntas irregularidades en su documentación.
El antecedente más delicado ocurrió semanas atrás, cuando el propio PECH decidió dejar sin efecto la adjudicación otorgada a SERGECOR SAC tras detectar inconsistencias en los documentos presentados durante el proceso. A pesar de ello, la empresa reapareció en la nueva convocatoria, que además mantiene las mismas condiciones y bases del concurso anulado.
La situación ha generado dudas debido a los constantes cambios en la fecha para otorgar la buena pro. El cronograma establecía inicialmente que la adjudicación se realizaría el lunes 11 de mayo; sin embargo, posteriormente fue postergada para el martes 12 y luego para el miércoles 13 de mayo, sin una decisión final hasta el momento.
Fuentes cercanas al proceso señalan que existirían presiones internas para favorecer a la empresa de seguridad, situación que ha incrementado las críticas sobre la transparencia del concurso. Para diversos sectores, las reiteradas ampliaciones del plazo terminan debilitando la imagen institucional de Chavimochic y alimentan sospechas de un posible direccionamiento.
En la plataforma del Organismo Especializado para las Contrataciones del Estado (OECE), el PECH sostiene que las postergaciones responden a la necesidad de contar con mayor tiempo para evaluar las dos propuestas presentadas y a la falta de soporte técnico de las áreas correspondientes.
El caso empieza a generar preocupación política y administrativa en La Libertad, debido a que Chavimochic es considerado uno de los proyectos de irrigación más importantes del país. Por ello, no se descarta que organismos de control y fiscalización intervengan para revisar el desarrollo del proceso de contratación.
