
En mayo del presente año, el Gobierno Regional de La Libertad anunció con bombos y platillos que el destrabe del Proyecto Especial Chavimochic, iba sí o sí este año.

El anuncio fue hecho por el gobernador de la región, Manuel Llempén, indicando que el presidente de la República, Pedro Castillo, le había asegurado que el proyecto era una de las prioridades de su Gobierno.
Es así, que, durante el Mensaje a la Nación del 28 de julio de este año, el presidente indicó que se estaba trabajando “de forma activa” para destrabar los grandes proyectos de inversión: Majes-Siguas II, Muelle Norte y Chavimochic III.
Finalmente, este último lunes, el premier Aníbal Torres anunció ante el Congreso que la adenda para el destrabe del proyecto ya no iba más tras el fallo del Tribunal Arbitral.
Este megaproyecto se encuentra paralizado desde el 9 de diciembre de 2016 hasta la fecha, y no tiene que ver, puntualmente, con hallazgos de corrupción de Odebrecht. El problema es que nadie se quiere sentar a negociar tras dilucidar en arbitraje, luego de que no cumplieran parte de los acuerdos firmados en el contrato.
Todo se remonta al año 2016, cuando se entabló una controversia sobre la liberación de “interferencias”, donde Odebrecht aducía que le competía a Chavimochic esta liberación.
El destrabe de la lll Etapa del Proyecto Especial Chavimochic estaba cada vez más cerca, esto luego que el Congreso de la República aprobara una ley en septiembre enviada por el ejecutivo el cual da marco legal al reinicio de las obras.

Bastaba la aprobación de la adenda para reiniciar las obras y modificar el contrato inicial. Hubo un plazo de 90 días que la concesionaria ni el Gobierno pudo cumplir; por lo que solicitaban tiempo adicional para firmar dicha adenda. Sin este requisito, podría paralizarse.
Era la tercera vez que se optaba por alargar la lectura del laudo. Como se recuerda, el conflicto se originó por una supuesta deuda del Estado Peruano a la concesionaria Chavimochic. Nuevamente el afamado proyecto.
En octubre, el Tribunal Arbitral rechazó plazo de 60 días solicitado por la concesionaria y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) sobre la firma de adenda.
En la última reunión de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, afirmó que el Tribunal Arbitral resolvió el contrato suscrito entre el Gobierno de la República, Novonor (exOdebrecht) y Aenza (exGraña y Montero).
De esta manera, para la tercera etapa del proyecto de irrigación, no hay adenda; lo que significa la anulación del contrato inicial, el pago de US$ 1118 millones y seguir paralizada por varios años más.
El congresista de la República, Víctor Flores, se pronunció luego del anuncio del premier Aníbal Torres quien refirió que la adenda de la lll Etapa del Proyecto Especial Chavimochic ya no era posible tras el fallo del Tribunal Arbitral.
Víctor Flores calificó la noticia como un “baldazo de agua fría” que el Poder Ejecutivo anunció que el destrabe ya no será posible y culpó al gobierno de Pedro Castillo de no tener la intención de iniciar con el megaproyecto.
Por su parte, el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, anunció que se declara como persona no grata a la actual ministra de agricultura, Jenny Ocampo y al exministro Andrés Alencastre.
Sin embargo, esta mañana, el Ministerio de Desarrollo Agrario emitió un comunicado, donde informa que el Estado Peruano ganó el laudo arbitral a la Concesionaria Chavimochic. Con ello, precisaron que sigue firme el compromiso con el reinicio de las obras desde el 2023.
Han pasado cerca de seis años desde que se paralizó el importante proyecto.
Según expertos en el tema, terminar la presa ayudaría a reactivar la economía regional y del país al incorporar 30 mil nuevas hectáreas de cultivo para siembras de agroexportación, la generación de 150 mil nuevos puestos de trabajo.
Con la presa Palo Redondo se asegura la sostenibilidad en el tiempo del proyecto y el agua potable para toda la población de Trujillo en las próximas décadas, lo que ahora es escaso.
