La Segunda Fiscalía Superior del Santa dispuso abrir una investigación preliminar contra el magistrado Ricardo Manuel Alza Vásquez, juez titular del Primer Juzgado Civil de Chimbote, como autor del presunto delito contra la administración pública – delitos contra la Administración de Justicia en la modalidad de prevaricato en agravio del Estado y la Universidad Católica de Trujillo (UCT), ya que habría ignorado la fusión de esta con Uladech.
Fiscalía también dispuso actuar algunas diligencias preliminares entre las cuales resaltan la citación a los señores Guillermo Evaristo Medina Sanjinez y Julio Domínguez Granda, quienes, como se recuerda, participaron de manera activa en todo el proceso de fusión con la UCT, y que ahora, el primero de ellos, estaría buscando anular la referida fusión.
Asimismo, se ha citado al alumno Eder Sebastián Alejos Torres para que declare sobre este caso, ya que él fue uno de los 3 alumnos que impugnaron en sede judicial el Acuerdo de Asamblea Universitaria que aprobó la Fusión; sin embargo, previamente él también firmado en señal de conformidad el Acta de Sesión Extraordinaria N° 007-2019 de la Asamblea Universitaria de la ULADECH, celebrada el 05 de diciembre de 2019, que acordó Aprobar la Fusión entre ambas universidades, ante la eminente negativa al licenciamiento por parte de SUNEDU.
Fundamentos
Dentro de los fundamentos de la denuncia se señala que el Magistrado ordenó emplazar a una persona jurídica inexistente (Ex ULADECH); así mismo, al declarar fundada la demanda, prescindió de la actuación probatoria y, además, extinguió la posibilidad de una doble instancia.
El Juez Alza Vásquez habría ignorado la fusión que era de conocimiento y dolosamente habría declarado la nulidad de los acuerdos societarios de una persona jurídica inexistente, desconociendo la norma de la materia sobre la vigencia del acuerdo de fusión y su evidente implicancia en todo proceso judicial de la persona jurídica que sí existe (absorbente), además de haber amparado la demanda interpuesta por el alumno Alejos Torres, que en su oportunidad estuvo de acuerdo con la Fusión.
Ante este panorama, alumnos, padres de familia y las partes interesadas permanecen atentos al trámite de esta denuncia, en donde se espera el actuar diligente de las autoridades del Ministerio Público, en aras de sancionar las conductas injustas y que tienen connotación penal, más aún si provienen de un Juez quien es el llamado a impartir justicia en esta sociedad.
