La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final donde determinó que sí existió un excesivo uso de la fuerza por parte de los militares y policías contra los protestantes que exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y febrero de este año.
“Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos”, dice el documento. “Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso”.
En el documento, se hizo un énfasis particular sobre los casos de violencia en las regiones de Ayacucho y Puno.
El informe indica que en Ayacucho se registraron 10 muertos a causa de las manifestaciones “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”.
“En el caso de Juliaca (Puno), la CIDH observa que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por partes de los militares y policías que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos dejando 17 muertos”
