En medio del incremento de la criminalidad en el país, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso enfrenta cuestionamientos por su funcionamiento irregular, marcado por constantes cancelaciones y reprogramaciones de sesiones, así como por la participación mayoritariamente virtual de sus integrantes.
Un ejemplo reciente se registró el 26 de marzo, cuando se suspendió una sesión tras la renuncia del invitado Luis Zamudio, secretario técnico del Conasec. Días antes, también se había levantado otra reunión ante la ausencia de invitados, sin mayor oposición de los miembros del grupo de trabajo.
La comisión es presidida desde 2021 por el congresista Alfredo Azurín y, según informes, gran parte de sus integrantes no asiste presencialmente a las sesiones. Además, siete de los ocho miembros buscan la reelección, lo que ha generado críticas en torno a su compromiso en un contexto de creciente inseguridad ciudadana.
Pese a sus limitaciones —ya que solo tiene funciones de fiscalización y no puede proponer leyes—, el grupo ha generado un gasto superior a los S/ 2 millones en planillas y más de S/ 150 mil en pasajes y viáticos. A ello se suma la falta de especialistas en seguridad dentro de su equipo, lo que ha intensificado el debate sobre la eficacia y pertinencia de su labor.
