La Ley que Fiscaliza a las ONG sigue siendo un tema altamente debatido en el Congreso de Perú, particularmente por las implicaciones que tendrá sobre el sector de las organizaciones no gubernamentales, que son vitales en áreas como derechos humanos, medio ambiente, salud y educación.
El principal propósito de esta legislación es establecer un marco más riguroso para el control y la fiscalización de las ONG. Esto incluye la creación de una superintendencia que se encargaría de supervisar el uso de fondos, asegurando que las organizaciones cumplan con la normativa vigente y rindan cuentas ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Mientras que el gobierno y algunos parlamentarios defienden la necesidad de un control para garantizar que las ONG operen dentro del marco legal, el sector de las ONG se opone rotundamente. Las organizaciones argumentan que la fiscalización excesiva podría dificultar su capacidad de operar de manera eficiente y que podría convertirse en un obstáculo burocrático. Además, algunas organizaciones temen que el control de sus actividades pueda ser utilizado para frenar la labor de las ONG que defienden derechos humanos o realizan labores críticas en áreas de conflicto.
Algunos analistas sugieren que, además del impacto sobre las organizaciones nacionales, la ley podría afectar la relación con las ONG internacionales que operan en Perú. Las restricciones adicionales y la burocracia podrían desalentar la cooperación internacional y la inversión de fondos provenientes de instituciones globales que apoyan proyectos en Perú.
Aunque el proyecto ha sido aprobado en primera votación, aún queda por ver cómo avanzará en su tramitación. Si se aceptan modificaciones importantes, como la inclusión de un texto sustitutorio, el proceso podría retrasarse, lo que genera incertidumbre sobre su pronta implementación.