Pasadas las 10 de la noche de este jueves 6 de marzo el Congreso del país puso a debate la detención preliminar en casos de no flagrancia, la cual fue, finalmente, aprobada por 86 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.
Desde el 12 de diciembre de 2024, con la entrada en vigencia de la Ley 32181, que eliminaba la detención preliminar, el sistema de justicia penal peruano atraviesa una grave limitación para enfrentar a la criminalidad, sostuvo el Ministerio Público.
La eliminación de esta medida, en casos de no flagrancia, impedía a los fiscales solicitar la detención de presuntos autores de delitos graves como: violación sexual, asesinato, robo, sicariato, extorsión, actos de corrupción, entre otros; facilitando que estos eludan la justicia, lo que afecta la protección de las víctimas y testigos. Además, dificulta el combate efectivo contra la criminalidad, ya que pone en riesgo las pruebas en perjuicio de la sociedad.
Ante este panorama, la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia constituye una medida urgente para garantizar la eficacia de las investigaciones fiscales y evitar escenarios de impunidad.